El futuro de Cristian Medina se convirtió en uno de los temas calientes de este mercado de pases. Lo que parecía que iba a terminar en un traspaso al Fenerbahçe de Turquía terminó en una inesperada operación que lo ubicaría, al menos por los próximos seis meses, en Estudiantes de La Plata. Sin embargo, el proceso estuvo cargado de irregularidades, denuncias y devoluciones de dinero que ponen en duda la transparencia de la maniobra, y por sobre todo, ponen en riesgo el futuro del futbolista.
Todo comenzó con la caída de la negociación entre Boca Juniors y Fenerbahçe. Aunque el club turco había mostrado interés en adquirir al mediocampista, las tratativas no prosperaron debido a que se pretendía pagar el pase del jugador en una serie de cuotas a pagar a principios de 2026. Fue entonces cuando un grupo inversor encabezado por el empresario estadounidense Foster Gillett apareció en escena. Este grupo decidió ejecutar la cláusula de rescisión del jugador, valuada en 15 millones de dólares, para desvincularlo de Boca. El plan de Foster Gillett era que Medina juegue seis meses en Estudiantes de La Plata antes de ser transferido a otro club perteneciente al mismo grupo inversor. Sin embargo, Boca Juniors, a través de su Departamento de Legales, presentó una denuncia formal ante la AFA argumentando que el pago de la cláusula de rescisión se realizó de manera irregular. Según el reglamento de la FIFA, las transferencias de jugadores no pueden ser financiadas por terceros, como empresarios o grupos de inversión privada. Este tipo de operaciones están estrictamente prohibidas por el artículo 18 del reglamento de la FIFA, que busca evitar la injerencia de intereses externos en el mercado de pases.
Desde el entorno de Medina sostienen que la maniobra fue “legal y válida”, pero en Boca no tardaron en reaccionar. El club devolvió los 15 millones de dólares al grupo inversor liderado por Gillett, argumentando que la operación podría derivar en sanciones graves por parte de la FIFA. Entre las posibles consecuencias se mencionaban inhibiciones para incorporar jugadores y hasta el congelamiento de las cuentas del club.
Ahora, el futuro de Medina pende de un hilo. El mediocampista tiene un plazo de 72 horas para que la cláusula de rescisión sea abonada nuevamente, esta vez desde su cuenta personal o la del club interesado en ficharlo. De lo contrario, su situación contractual quedará en un limbo que podría complicar su continuidad en el fútbol argentino.
Mientras tanto, Estudiantes de La Plata espera con expectativa la resolución del conflicto, ya que su incorporación a préstamo por seis meses sigue siendo parte del plan inicial del grupo inversor y del presidente Juan Sebastián Verón. La polémica en torno a esta transferencia deja en evidencia las complejidades y los grises legales que persisten en el mercado de pases, donde los intereses económicos y políticos de empresarios y clubes se cruzan constantemente con las normativas internacionales. El caso de Cristian Medina no solo genera incertidumbre sobre su futuro inmediato, sino que también abre un debate más amplio sobre el rol de los grupos inversores en el fútbol y las tensiones que generan en el ámbito regulatorio. Por ahora, el desenlace de esta historia es incierto, pero lo que queda claro es que el nombre de Medina seguirá siendo protagonista en las próximas horas.
